Administraciones publicas

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Los indefinidos no fijos de la Administración no pueden acceder a la excedencia voluntaria

28 de febrero de 2019 Jurisprudencia INDEFINIDOS NO FIJOS

No es discriminatorio por una sencilla razón, están vinculados a una plaza específica. La Administración vendría obligada a cubrir la vacante en excedencia por los procesos reglamentarios, y por tanto, resultaría incompatible con el derecho preferente al reingreso en una vacante de igual o similar categoría. No se puede otorgar al empleado tras el reingreso, más derechos de los que ya tenía.

Reflexiones sobre el sector público desde una perspectiva procesal

La extensión que se viene produciendo en la aplicación del Derecho administrativo al ámbito de las entidades de Derecho privado integrantes del Sector Público plantea numerosos problemas en relación al conocimiento de sus actuaciones por la jurisdicción contencioso-administrativa, habida cuenta de la tradicional limitación de esta jurisdicción a los actos de las Administraciones Públicas en sentido estricto. Igualmente, se suscitan interesantes interrogantes acerca de la naturaleza de sus actos de aplicación de ese Derecho administrativo; todo lo cual debe ser analizado a la luz de la regulación contenida en la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017.  

La AEPD recuerda la necesidad de que las administraciones públicas se adapten al nuevo reglamento

26 de septiembre de 2017 Noticias

En el curso del Congreso, organizado por el Consejo Superior de Letrados y Abogados de las CCAA en la Universidad Nebrija, letrados y expertos han reflexionado sobre lo que ocurrirá el próximo año cuando la administración sea 100% electrónica como marca la ley. La directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, cha insistido en la necesaria la colaboración de las Comunidades Autónomas en el  proceso de adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos.

Prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas

Reducir el gasto público no significa reducir los recursos destinados a la prevención de riesgos laborales. Si los responsables en la toma de decisiones en las distintas Administraciones Públicas pensaran por un momento en destinar menos recursos a la prevención, no solo estarían incumpliendo la Ley, sino que estarían aumentando los gastos a medio y largo plazo. Lo difícil no es documentar todo lo exigido en la normativa de prevención de riesgos laborales, lo complicado es llevarlo a la práctica, pues requiere de un esfuerzo presupuestario destinado ni más ni menos que a preservar la salud y la seguridad de todo el personal al servicio de la Administración Pública.

Aplicación práctica de la nueva legislación de régimen jurídico del sector público y del procedimiento administrativo. Cuestiones fundamentales

Universidad de Santiago de Compostela, 5 de mayo de 2017.- La Jornada se presenta como un foro de debate en el que se analizará la aplicación práctica de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público , en vigor desde hace más de un año.

Contenido y novedades del RD 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de desindexación de la economía española

06 de febrero de 2017 Noticias desindexación

Determinados precios en los que interviene el sector público, como billetes de autobús, tren, peajes de autopistas, precios de medicamentos, precios regulados del gas o la electricidad, no podrán indexarse respecto al IPC. En el Reglamento se tasan las excepciones en las que se permiten las revisiones y se establecen los requisitos que han de cumplirse para estos casos.

Contenido y novedades de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

02 de octubre de 2015 Noticias Procedimiento administrativo

Esta Ley regula las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos. Pretende implantar una Administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, mejorando la agilidad de los procedimientos administrativos y reduciendo los tiempos de tramitación.   La norma establece las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas.